Ocupamos el Séptimo Lugar a Nivel Nacional: Lorena Oropeza
Por Miguel Alvarado
Lorena Esperanza Oropeza Muñoz: El 2023 con mayor número de carpetas de investigación por trata de personas (Fotos: Diana Moreno Valtierra)
Lorena Esperanza Oropeza Muñoz, Fiscal Especializada para la atención de trata de Personas, lamentó que el delito de tráfico de personas esté en constante crecimiento, siendo el estado de Zacatecas parte de esta lamentable tendencia. Enfatizó que en la entidad, cerraron el año 2023 con 23 carpetas de investigación, siendo el año con el mayor número de expedientes que se han abierto en este ámbito.
En este sentido mencionó la existencia de carpetas judicializadas del 2023 que siguen su curso normal, y cuatro carpetas relacionadas con trabajos forzados que ya están judicializadas.
“Tenemos otras judicializadas de años anteriores que todavía están en juicio que son por explotación sexual”, comentó.
Así mismo, apuntó que en el transcurso del año 2024, ya se han abierto seis nuevas carpetas de investigación, las cuales están en proceso de atención y seguimiento.
A nivel nacional, Zacatecas ocupa el séptimo u octavo lugar, dependiendo de la variabilidad, después de estados con una mayor incidencia delictiva como el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla y Nuevo León.
“Nosotros estamos al 10 por ciento en incidencia delictiva respectó a esos estados pero aun así conservamos un lugar 7 u 8 de acuerdo al secretariado”.
Oropeza Muñoz destacó la diversidad de modalidades del delito, abarcando explotación sexual, mendicidad y trabajos forzados, pero resaltó que no hay una modalidad predominante, sino que se presentan diversas formas de trata de personas.
En cuanto a los desafíos que enfrenta la fiscalía para aumentar el número de carpetas judicializadas, Oropeza Muñoz enfatizó que la dificultad radica en el contexto del delito, ya que como ejemplo, mencionó casos donde hay denuncia, pero la falta de información sobre el imputado dificulta su localización.
Finalmente la fiscal resaltó un cambio importante en la legislación, donde ahora no solo se busca detener al imputado, sino también brindar atención integral a las víctimas, proporcionándoles acompañamiento psicológico, albergue, educación, alimentación y se promueve activamente la gestión de empleo para facilitar su reintegración a la sociedad.